Socia de González Camacho con más de 8 años de experiencia brindando asesoría en la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos de inversión de alto impacto social. Se especializa en derechos humanos y en asesoramiento legal a organizaciones para la gestión y el fortalecimiento de capacidades en territorio. 

 

Como Asesora de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., coordinó el Procedimiento del Deber de Denuncia para garantizar el conjunto de acciones necesarias para atender, en coordinación con las autoridades competentes, situaciones de amenaza, desconocimiento o vulneración de los derechos de los participantes de los diversos servicios sociales. 

 

Fue Asesora de la Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas de la Presidencia de la República de Colombia, y de la Subcuenta San Andrés, Providencia y Santa Catalina de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde asesoró legalmente proyectos de impacto social a raíz del fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia del 19 de noviembre de 2012 sobre el conflicto entre Colombia y Nicaragua por la delimitación territorial.

 

Tiene amplia experiencia en la prevención de violaciones de derechos humanos, en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, programas y proyectos, y en la ejecución de estrategias dirigidas hacia el beneficio de la empresa, sus empleados, las comunidades y el ambiente.

 

Valentina tiene una Especialización en Gerencia Social de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), un Diplomado en Empresas y Derechos Humanos: Estrategias para Mejorar el Desempeño a Nivel Ambiental, Social y de Gobernanza de la Pontificia Universidad Javeriana y Tirant Formación, y un pregrado en Derecho (LL.B.) de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali en Colombia. También tiene un Curso en Género y Gobernanza Minera del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF), y la Agencia Sueca de Protección Ambiental.